El nuevo fiscal general de Guatemala, Gabriel García Luna, anunció este domingo el cierre de la unidad especial contra la impunidad, que llevó casos emblemáticos y polémicos durante la gestión de su predecesora Consuelo Porras, sancionada por más de 40 países.

El mandato de Porras estuvo marcado por acciones para impedir la posesión del presidente socialdemócrata Bernardo Arévalo en 2024 y procesos contra decenas de exfiscales, jueces antimafia, periodistas e indígenas, muchos de ellos ahora exiliados.

Debido a ello la funcionaria de 72 años fue sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países como Canadá y Reino Unido.

"A partir del día de mañana la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) entra en una etapa de liquidación" porque "lastimosamente ha perdido la credibilidad ciudadana", dijo el funcionario en su primera rueda de prensa.

García Luna consideró que esa unidad no está "cumpliendo" con los objetivos y el cierre servirá para "revisar cada uno de los expedientes" que manejaba, con el fin de verificar si los casos se basaban en argumentos fundamentados.

Asimismo, dijo que hará un "análisis" sobre la actuación de Porras y de "cualquier otro integrante (de la FECI) de los que han sido señalados públicamente a nivel nacional e internacional" por la persecución impulsada contra opositores.

Aclaró que será "cumpliendo el principio de legalidad y objetividad" y por medio de una auditoría interna.

Estados Unidos acusa a Porras de obstruir investigaciones anticorrupción para proteger a aliados y obtener favores políticos.

Sus críticos aseguran que esas maniobras sirvieron al llamado "pacto de corruptos", un presunto entramado de intereses políticos, económicos y criminales que controlaría la justicia guatemalteca.

La fiscal, que fracasó en su intento por lograr un tercer período, sostiene que sus actuaciones siempre estuvieron apegadas a la ley.

García Luna insistió en que la fiscalía será independiente e imparcial pues "no es un ente político, no representa a un gobierno, no responde a un proyecto partidario y no está al servicio de las intenciones particulares de ningún sector".

"La confianza de la ciudadanía en el Ministerio Público se ha visto desnudada y recuperarla es probablemente el desafío central de esta gestión", puntualizó.

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