El juez Fabián Lorenzini firmó la resolución que pone fin al proceso concursal, nueve días después de que venciera el plazo para que acreedores, empresas o cooperativas se presentaran como oferentes. El 5 de octubre se confirmó que nadie se inscribió para intentar el rescate y, como la compañía tampoco logró un acuerdo con sus acreedores, el magistrado declaró la quiebra.
La empresa empleaba a unos 360 trabajadores que llevaban meses sin cobrar y operaba tres unidades: una planta de hilandería en Reconquista, que funcionaba al 60% de su capacidad, y dos desmotadoras en Chaco y Santiago del Estero.
El principal obstáculo fue el Banco de la Nación Argentina, que concentra más del 80% del pasivo verificado y rechazó todas las ofertas por considerarlas insuficientes. La entidad reclama $1.585,7 millones y u$s260,7 millones, créditos originados en garantías que Algodonera Avellaneda otorgó a Vicentin. La empresa intentó excluir al BNA de la votación, pero el juez rechazó ese planteo el 14 de septiembre. Luego se abrió el mecanismo de salvataje o cramdown, con registro abierto hasta el 5 de octubre, pero ningún oferente se presentó.
En los fundamentos, Lorenzini detalló que las deudas financieras verificadas superan los u$s260 millones y que la deuda posconcursal, generada durante el proceso, supera los $6.000 millones por gastos de funcionamiento, servicios e impuestos impagos. El juez había concedido varias prórrogas —en diciembre de 2025, febrero y julio de 2026—, pero ninguna dio resultado. "El juez no posee facultades discrecionales para dilatar el trámite ni para conceder nuevos plazos no previstos en la ley", señaló, y advirtió que prolongar el proceso solo agravaría el daño patrimonial.
Pese a la quiebra, no se ordenó el cierre inmediato. La sindicatura deberá analizar si conviene continuar transitoriamente con la explotación para preservar el valor de los activos y facilitar una eventual venta como unidad productiva. El fallo ordenó el desapoderamiento de los bienes, la inhabilitación de la sociedad y su directorio, y prohibió a los administradores salir del país sin autorización judicial. La Justicia convocó a una audiencia para el 22 de octubre con acreedores, trabajadores y otros interesados para definir los próximos pasos.
Fuente: diarionorte.com
