El Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) se manifestó en alerta ante la evaluación oficial para incorporar 26 nuevos tramos de rutas nacionales al sistema de concesiones privadas.
Desde el gremio calificaron el proceso de un "ruticidio" y acusaron al Poder Ejecutivo de ejecutar un "vaciamiento deliberado de Vialidad Nacional para justificar la privatización y el cobro de peajes en más de 9.000 kilómetros de la Red Vial Nacional". Según documentación oficial reconstruida por el sindicato, entre 2024 y mayo de 2026 se recaudaron $1.503.252 millones destinados por ley a la infraestructura vial. De ese total, solo se ejecutaron $394.406 millones en obras.
Así, al 31/5/2026, más de $1 billón permanecían inmovilizados en plazos fijos y títulos públicos. Posteriormente, el propio Ejecutivo admitió que parte de esos recursos eran administrados por el Ministerio de Economía para sostener el equilibrio fiscal. La titular del gremio, Graciela Aleñá, cuestionó: "¿Cómo puede afirmarse que no existen recursos para mantener las rutas, mientras más de un billón de pesos recaudados para el sistema vial permanece fuera del asfalto?".
STVyARA expuso la paradoja del nuevo modelo de concesiones, que mientras se le asigna a Vialidad Nacional la responsabilidad legal de auditar y controlar miles de kilómetros concesionados, simultáneamente se aprueba un segundo programa de Retiro Voluntario para achicar su dotación. "No se puede exigir más control con menos Vialidad. Se debilita la capacidad técnica pública para después utilizar ese deterioro como argumento para privatizar", advirtió Aleñá.
Fuente: El Liberal
