Una auditoría ordenada por el Gobierno detectó una diferencia de $158.717 millones entre registros internos de deuda de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), organismo que estuvo encabezado por Diego Spagnuolo hasta su desplazamiento en agosto de 2025.
El relevamiento, realizado durante la intervención del organismo, examinó la gestión hasta el 21 de agosto de 2025 e incluyó pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, equipos electrónicos, contratos, empleados y declaraciones juradas.
Una diferencia superior a los $158.000 millones
Según el informe, se constató una diferencia exacta de $158.717.131.557,63 entre los listados de deuda exigible elaborados por dos dependencias de la ex Andis.
Los auditores solicitaron información a la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y a la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (Dnass), encargada de implementar programas como Incluir Salud. Esta última dependencia fue la que declaró el volumen de deuda más elevado.
El documento también dejó asentado que los datos proporcionados por la Dnass podían contener imprecisiones. Desde esa dependencia explicaron que algunos montos y clasificaciones podían haber sufrido modificaciones debido a errores involuntarios en la carga de información realizada por prestadores.
Por ese motivo, el monto detectado representa una diferencia entre registros administrativos y no implica, por sí mismo, que exista un faltante de dinero por $158.717 millones.
La investigación judicial sobre la Andis
En paralelo, la Justicia investiga presuntas irregularidades en contrataciones realizadas dentro del organismo. La causa está a cargo del fiscal federal Franco Picardi y analiza un supuesto esquema de direccionamiento de compras, sobreprecios y retornos que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, habrían alcanzado hasta un 20% de determinadas operaciones.
La investigación involucra, entre otros, a exautoridades de la Andis, intermediarios y empresas proveedoras de medicamentos e insumos. Las responsabilidades penales continúan bajo investigación judicial.
Cuestionamientos por el uso del “legítimo abono”
Otro de los puntos señalados por la auditoría fue la utilización de la figura de “legítimo abono”, un mecanismo empleado para cancelar bienes o servicios que ya habían sido entregados o prestados sin haber completado previamente los procedimientos habituales de contratación.
El informe advirtió sobre los riesgos de este procedimiento para los controles y la competencia entre proveedores. Hasta la fecha tomada como corte por la auditoría, únicamente se habían iniciado seis procesos de compra relacionados con esos servicios.
Si bien el relevamiento no individualizó cuáles fueron los pagos efectuados mediante legítimo abono, sí estableció que los proveedores de medicamentos e insumos recibieron $479.504 millones entre 2024 y el 21 de agosto de 2025.
20-09-26 Fuente: diariopanorama.com
