En apenas cinco meses de 2026, Colombia ya registra 52 masacres, la cifra más alta de la última década, según el más reciente informe del portal Acuérdate de la Verdad, elaborado con base en datos de Indepaz. El aumento de la violencia ocurre en medio de un gobierno que llegó al poder con la “paz total” como principal bandera y con la promesa de transformar los territorios donde la guerra y la muerte son la regla.

Las cifras reflejan un deterioro de la seguridad en varias regiones del país. A las masacres se suman asesinatos de líderes sociales, homicidios de firmantes del Acuerdo de Paz, desplazamientos forzados y confinamientos de comunidades enteras en zonas bajo disputa de grupos armados ilegales.

El balance, con corte al 10 de mayo, concluye que, en promedio,cada semana se ha cometido al menos una masacre en algún rincón del territorio nacional.

El informe registra asesinatos colectivos ejecutados en zonas rurales y urbanas donde grupos armados buscan imponer control mediante el miedo. Advierte quelas masacres se han convertido nuevamente en una herramienta de dominación territorial y social en medio de la disputa entre estructuras criminales, disidencias y organizaciones ilegales que pelean por corredores estratégicos, economías ilícitas y control de las comunidades.

La Comisión de la Verdad, citada en el análisis, ya había advertido que este tipo de crímenes busca extenderse sobre toda la población, paralizando cualquier posibilidad de resistencia, organización comunitaria o denuncia. En muchas regiones del país, las masacres han sido históricamente utilizadas para provocar desplazamientos forzados y despejar territorios que luego terminan absorbidos por economías ilegales como el narcotráfico, la minería criminal o las rutas del contrabando.

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El documento señala queel conflicto armado en 2026 tiene características distintas a las de décadas anteriores. Ya no existe un dominio dominante de grandes estructuras armadas como ocurrió durante años con las antiguas Farc o las AUC. El panorama actual está marcado por la fragmentación criminal y por múltiples grupos pequeños que se disputan zonas específicas del país.

Esa atomización de actores ha multiplicado las confrontaciones y ha convertido a campesinos, líderes sociales, firmantes de paz y habitantes de regiones apartadas en víctimas recurrentes de las retaliaciones y disputas armadas.

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Los departamentos más afectados son Antioquia, Cauca, Valle del Cauca y Norte de Santander. Allí, según el informe, confluyen rutas estratégicas para el narcotráfico, corredores de movilidad armada y ausencia del Estado. En varias de estas zonas, antiguos pactos de no agresión entre grupos ilegales se rompieron en los últimos meses, detonando nuevas confrontaciones y aumentando la violencia contra la población civil.

Según el análisis, mientras las antiguas estructuras guerrilleras abandonaban zonas históricas de influencia, el Estado no logró consolidar una presencia suficiente que garantizara seguridad, justicia y oportunidades económicas. Ese vacío fue ocupado progresivamente por nuevas organizaciones ilegales que reciclaron las mismas prácticas de terror que marcaron décadas anteriores del conflicto armado colombiano.

La Comisión de la Verdad advirtió además que muchas de estas masacres ocurren a plena luz del día o en lugares habitados.

“Los responsables actúan con la certeza de que no serán perseguidos de manera efectiva y, puede existir omisión o incluso connivencia de autoridades locales frente a las acciones criminales”, se lee en el documento.

Las dinámicas descritas evocan episodios que marcaron la memoria colectiva del país, como la masacre de Mapiripán en 1997 o ataques perpetrados en lugares como La Chinita y La Gabarra. Aunque los actores armados han cambiado y el mapa criminal es distinto, el mecanismo de control sigue siendo el mismo, el de terror como forma de gobierno en regiones donde la institucionalidad permanece débil o ausente.

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Ante este panorama, los expertos insisten en la necesidad de aplicar las recomendaciones formuladas por la Comisión de la Verdad, especialmente aquellas relacionadas con el desmantelamiento integral de las organizaciones criminales. El documento sostiene que no basta con capturar cabecillas o ejecutar operaciones militares aisladas, sino que es necesario atacar las redes económicas, políticas y financieras que permiten la permanencia y expansión de estos grupos.

“Es vital fortalecer la independencia judicial para que el asesinato de tres o más personas no sea visto como un ajuste de cuentas, sino como un ataque directo a la dignidad humana y a la democracia. Colombia no puede seguir permitiendo que la masacre sea el lenguaje con el que se gobiernan sus regiones”, concluye.