Revés para el Gobierno: la Justicia exige actualizar salarios y becas universitarias en cinco días.

El conflicto por los fondos para las universidades públicas suma un nuevo capítulo judicial. El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, Martín Cormick, ordenó al Gobierno nacional que en un plazo máximo de cinco días acredite el cumplimiento de la cautelar que exige la actualización de los salarios de docentes y no docentes, así como la recomposición de los programas de becas estudiantiles.

La decisión judicial surge como respuesta a un recurso presentado por el Poder Ejecutivo, en el cual argumentaba haber cumplido con las obligaciones establecidas por la Justicia. Sin embargo, Cormick ratificó su postura del 22 de septiembre y advirtió que, de no acatar la orden, se aplicarán astreintes (sanciones económicas) por incumplimiento.
La medida cautelar, que quedó firme tras el rechazo de la Corte Suprema a un recurso extraordinario del Gobierno en junio, recae sobre los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.

Aumentos salariales bajo la lupa frente a la inflación

En su resolución, el juez reconoció que el Estado presentó pruebas sobre convocatorias a paritarias y órdenes de pago, pero catalogó esto como un "cumplimiento parcial". El magistrado argumentó que no está demostrado que las actualizaciones salariales respeten el mecanismo y las variables de ajuste fijadas por la ley.

Tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, Cormick detalló que la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y junio de 2026 alcanzó el 312,19%, y subrayó que los incrementos otorgados no logran equiparar esa cifra.

Por su parte, el Gobierno defendió su accionar asegurando haber otorgado un aumento acumulado del 226,8% desde diciembre de 2023, afirmando que superaba la inflación de su propio período de referencia, además de haber propuesto un 3% adicional en la reapertura de paritarias.

El conflicto por las becas estudiantiles y la apelación denegada

El segundo eje del fallo se centra en el artículo 6 de la ley, que obliga a recomponer los programas de asistencia estudiantil basándose en la variación inflacionaria. Mientras que la norma incluye planes como el Progresar, Manuel Belgrano y Enfermería, el Ejecutivo solo reportó medidas sobre la Beca Manuel Belgrano, argumentando que era la única alcanzada por el régimen.

Cormick desestimó esta interpretación restrictiva y concluyó que la información aportada por el Gobierno "tampoco alcanza a cubrir lo decidido cautelarmente". Además, rechazó la apelación en subsidio presentada por el Ejecutivo para elevar la discusión a la Cámara de Apelaciones, explicando que al no haberse ejecutado aún las sanciones económicas, no existe un agravio concreto que justifique la elevación del recurso.

Esta resolución judicial tensiona aún más el escenario educativo, coincidiendo con el inicio de un paro docente de 72 horas en todas las universidades públicas nacionales, donde los gremios exigen la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial urgente.

Fuente: El Liberal